- Diversos escenarios han sido abordados en la sexta versión del Congreso Latinoamericano de Telecomunicaciones, que se está llevando a cabo en estos días, en varadero, Cuba. Entre los retos identificados por los panelistas se destaca la dificultad regulatoria para la expansión de la infraestructura, como también la disyuntiva entre los gobiernos, que quieren más cobertura de servicios, mientras los operadores piden menos impuestos.
Varadero, Cuba, junio de 2018.- Diversas problemáticas que enfrenta Latinoamérica, han sido abordadas por expertos panelistas en esta convocatoria, problemáticas que representan un desafío importante y entre las cuales se destacan las siguientes:
Proponen nuevos modelos comerciales y tecnológicos para conectividad rural
Aunque se registran importantes avances en llevar conectividada a la mayoría de la población, aún existe un reto importante en el cierre de la brecha digital en zonas rurales, caracterizadas por un bajo desarrollo económico o por ser zonas de difícil acceso. Empresas y organizaciones proponen nuevos modelos comerciales y tecnológicos para lograr la cobertura universal.
Bruno Ramos, director regional para las Américas y el Caribe de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), señaló que se deben considerar múltiples aspectos para el cierre de la brecha digital rural, como sociales, económicos y tecnológicos.
“No es sólo tecnología o permitir el acceso sino proveer educación, capacitación y cómo el acceso va a mejorar su vida. No es el acceso por el acceso”, advirtió.
El Foro de Banda Ancha para zonas rurales de la UIT pretende abordar las recomendaciones 19 y 20 del Plan de Acción de Buenos Aires, que recomienda a gobiernos y reguladores del mundo adoptar medidas políticas y reglamentarias para el cierre de la brecha digital rural. En ese sentido, Ramos señaló que la agenda ya está firmada y “queda en nosotros cómo implementarla”.
Sebastián Bellagamba, director de la oficina regional de Internet Society (ISOC), advirtió que el principal problema de la brecha digital es que el costo de no estar en Internet se mantiene al alza para las personas fuera de la red.
Durante su participación, destacó el papel de las redes comunitarias, autogestionadas, donde la comunidad se empodera de la red. “El problema es que hasta ahora habían sido un fenómeno espontáneo, y requieren la ayuda para su gestión”, señaló.
Ana Valero, directora de regulación de Telefónica, advirtió que en la región aún existen 100 millones de personas sin cobertura de datos, en alrededor de 50 mil localidades. “Desde el punto de vista de Telefónica, hace falta transformar los servicios rurales, para modificar modelos de red, de marketing, para modelos de negocio sostenibles”, señaló.
Explicó que los modelos actuales de los operadores tradicionales no encajan propiamente en las necesidades de las zonas rurales, por lo que se les debe entender mejor para innovar y explorar nuevas opciones de conectividad.
Valero indicó que en la compañía española se apuesta por un modelo de red abierta, flexible, para conectividad móvil de bajo costo. Adelantó que se exploran también por modelos de acceso que se adopten a la demanda, de bajo costo y escalable. Por ejemplo, aún cuando se pudiera ofrecer conectividad por microondas, ésta podría quedarse corta conforme se incremente la demanda, por lo que se requiere de flexibilidad en la red y el modelo comercial.
En ese sentido, consideró que existe un reto importante para ofrecer un nuevo valor comercial, con propuesta de valor específica para las zonas rurales, con aplicaciones relevantes y que tengan niveles de precio asequibles.
Por otro lado, planteó un modelo para el mantenimiento y operación de las redes en zonas rurales con base en emprendedores locales de la propia comunidad. Actualmente, Telefónica explora este enfoque en Perú, a través de la figura de operadores de infraestructura móvil rural con agentes locales.
Enfatizó que se requiere adaptar la regulación “con mayor flexibilidad en temas como calidad, ofertas comerciales, condiciones de uso y nuevas formas de colaboración”.
Finalmente, invitó a repensar el papel de los fondos de servicio universal, ya que no han sido lo más eficiente y no han contribuido de manera eficiente a que haya más servicio, por lo que se requiere mayor coordinación entre entes públicos y privados para identificar correctamente los cuellos de botella.
Gabriela Lago, directora de asuntos regulatorios de OneWeb, destacó la misión de la compañía de “cerrar la brecha digital para 2027”, principalmente a través de la tecnología satelital.
“Las barreras que nos encontramos son altas y difíciles como los altos costos de equipos, dispositivos y servicios, así como la falta de educación. De entre todas, la cobertura es la principal barrera”, señaló.
Destacó también la misión especial de la compañía para conectar todas las escuelas del mundo para 2022, en sociedad con otras compañías.
Lago resaltó la importancia de contar con socios para lograr su misión como SoftBank, que ha contribuido con mil millones de dólares a OneWeb, así como operadores como Bharti Airtel y Grupo Salinas.
“OneWeb necesita nuevas condiciones de mercado, que la regulación sea neutralmente tecnológica y facilite el despliegue de nuevas tecnologías, transparencia en la regulación, gestión de espectro eficiente, licenciamiento y armonización para no duplicar el proceso de homologación en cada país”, señaló.
Urge explorar mecanismos de despliegue de redes y cerrar brecha de pobreza digital: Pablo Bello
El Estado como supervisor del sector de las telecomunicaciones y propietario de recursos como el espectro radioeléctrico, juega un papel fundamental en el despliegue de redes de banda ancha para zonas rurales, según se discutió en el Congreso Latinoamericano de Telecomunicaciones (CLT).
Pablo Bello, director ejecutivo de Asiet, destacó que pese a que persiste el reto de la brecha digital, la región ha registrado importantes avances en conectividad. El 56 por ciento de la población tiene acceso a Internet, hay 45 por ciento de hogares conectados y más de 80 por ciento posee cobertura de servicios de banda ancha, el precio ha bajado sustancialmente y todos los países cumplen con el umbral de menos de 5 por ciento de los ingresos de los hogares de la Comisión de la Banda ancha.
En ese sentido, consideró que el trabajo realizado entre empresas, gobierno y sociedad civil ha rendido sus frutos, pero aún hay problemas más persistentes y profundos que el despliegue de la red.
“La principal brecha digital no es la oferta del servicio, la principal es la pobreza”, por lo que se deben explorar nuevos mecanismos de despliegue fuera del sector telecomunicaciones.
Advirtió que en la región se tienen los ARPU más bajos del mundo, por debajo de los 10 dólares, cercanos a países de África, pero con expectativas de infraestructura parecidas a Suecia, donde el ARPU se ubica en 40 dólares.
Consideró que se requieren incentivos a la compartición y la coinversión de infraestructura, pero de manera voluntaria y con la menor intervención de los órganos reguladores.
“La población en zonas rurales tiende a ser más pobre y se requieren nuevos instrumentos de política pública, no sólo mecanismos de subsidio para favorecer el despliegue, sino también mecanismos de lado de la demanda, como descuentos fiscales”, señaló.
Destacó que uno de los aspectos más importantes es el espectro radioeléctrico y cómo se usa para reducir la brecha digital. La industria de telecomunicaciones registra una aportación fiscal, al menos, de 51 por ciento más alta que el resto de las industrias. “El Estado, en vez de privilegiar al sector como igualador de oportunidades, lo que hace es cargar con impuestos. No es que no deban aportar, pero debe ser razonable y equilibrado”, indicó.
Asimismo, explicó que el Estado puede hacer más para incentivar el despliegue de redes, como facilitar la instalación de infraestructura, especialmente los tendidos de fibra óptica, a través de carreteras o infraestructura pública que pueden ponerse a disposición de los operadores.
Sentenció que “si no somos capaces de cerrar la brecha digital en 10 años, no sólo tendremos sociedades fracturadas, no solo se profundizará la desigualdad, sino que el crecimiento económico no será compatible con las expectativas de la sociedad. El crecimiento depende de la productividad y ésta del uso de tecnología”.
Lucas Gallito, director de políticas públicas de GSMA Latam, reveló que la brecha digital afecta a 3.8 mil millones de personas, de las cuales 1.2 mil millones no tienen cobertura por redes de banda ancha. Coincidió con Bello en que se debe mejorar la demanda y disminuir los costos de capital.
Uno de los principales factores con un impacto negativo en el despliegue de redes que fue señalado repetidamente por los panelistas fueron los costos. Gallito indicó que llevar 3G a 10 por ciento de la población sin cobertura actual, llevaría cerca de 2 veces la inversión total actual. Enfatizó que “tener redes convergentes sirve como estímulo para reducción de costos y llegar a sitios no servidos.
Explicó que el Estado puede avanzar en el despliegue al evaluar los principios regulatorios del sector, establecer una política de espectro que dote de certidumbre a operadores móviles y a un precio eficiente, permitir la sostenibilidad fiscal de la industria y facilitar la compartición voluntaria de infraestructura
Oscar León, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (Citel), invitó a “pensar diferente, si el mecanismo implementado no ha funcionado, debemos pensar diferente”. Coincidió en la importancia de contar con recursos financieros que permitan la reducción de los costos, así como la reducción de impuestos.
Por su parte, Teresita Palacios, presidenta de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) de Paraguay, relató la experiencia del país para reducir la brecha digital, como el lanzamiento de 4G a través de la licitación de la banda AWS en 2015 y, posteriormente, en la banda de 700 MHz, que además exigió la entrega de mil 170 computadoras con conectividad 4G por el tiempo que dura la licencia, 10 mil notebooks a 10 por ciento de su costo para estudiantes universitarios y profesores.
Se necesita mayor inversión en infraestructura para cerrar brecha digital
Los ponentes del Congreso Latinoamericano de Telecomunicaciones (CLT) destacaron la necesidad de la inversión para ampliar la infraestructura de Internet, y que permita no sólo dotar de conectividad de la población , sino de nuevos servicios.
Para Mauricio Agudelo, experto en telecomunicaciones del Banco de Desarrollo de América Latina CAF, advirtió que la inversión per cápita en América Latina, de aproximadamente 400 dólares por habitante, se encuentra más cercano a los países africanos y lejos de los países miembros de la OCDE. Estima que los países que integran dicha organización invierten al menos tres veces más, lo que se traduce, para América Latina, en problemas de cobertura y calidad.
El CAF estima que México requiere inversiones adicionales por 12 mil 800 millones de dólares para cerrar la brecha de banda ancha entre zonas urbanas y rurales, 6 mil 700 mdd para Colombia y 4 mil 800 mdd para Perú.
Adicionalmente, Agudelo coincidió en la necesidad de dotar de nuevos usos al Internet, que contribuyan a la productividad de la región y, por lo tanto, al crecimiento económico.
“Creemos que el tema de la digitalización de zonas rurales tiene un fin superior. Hay que habilitar la infraestructura digital, pero también ésta debe habilitar las administraciones locales con una nueva oferta de servicios públicos digitales en línea que las acerque al ciudadano”, señaló.
El CAF realiza el Índice de Desarrollo del Ecosistema Digital (IDED), que mide la conectividad en la región a través de distintos factores como infraestructura, utilización de tecnologías y políticas públicas, donde América Latina se encuentra en un nivel medio de conectividad.
Señaló que en la región se puede observar ahora una “brecha de acceso al conocimiento que se traduce en una brecha social de ingresos. Ya no se trata de tener o no tener Internet, sino el uso del mismo como proceso de inclusión en el mercado”.
Agudelo señala que el banco identifica un portafolio de cerca de 20 mil millones de dólares para diferentes proyectos de conectividad en América Latina, de las cuales 74 por ciento son para resolver problemas de la última milla.
El directivo se refirió también a la compartición de infraestructura como un elemento que facilite el despliegue de nuevas redes en zonas remotas o de baja rentabilidad. Indicó que se pueden evaluar acuerdos entre operadores para el despliegue de obra civil y un modelo mayorista para que diferentes operadores en el ámbito local puedan ofrecer servicios de telecomunicaciones.
Fernando Rojas, director de la división de desarrollo productivo y empresarial de CEPAL, llamó la atención sobre la desigualdad a diferentes niveles que también influye en la conectividad y el cierre de la brecha digital, incluyendo los ingresos, la asequibilidad de los servicios, la calidad y velocidad de los servicios en cada área o país, además de las diferencias inherentes a las zonas urbanas contra las rurales. Factores que deben considerarse al momento de planear proyectos de conectividad.
Manuel Ruiz Gutiérrez, vicepresidente de la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) de Costa Rica, destacó la experiencia del país centroamericano, donde cuentan con un proyecto de conectividad a largo plazo a través de cinco programas específicos.
El primer proyecto es llevar telecomunicaciones a zonas no rentables, incluyendo centros de alfabetización. El segundo proyecto busca 140 mil hogares conectados para los próximos 5 años, con personas en estado vulnerable, como pobreza o pobreza extrema y que tienen un porcentaje alto de jefas mujeres.
El tres aborda el equipamiento, el cual está definido por socios estratégicos, para que en escuelas conectadas o en proyectos de salud, cuenten con los equipos correctos.
El cuatro incluye la conectividad de espacios públicos, con el objetivo de ofrecer 100 Mbps simétricos hasta crecer a 300 Mbps en los próximos 5 años. Finalmente, el cinco atiende la red educativa de banda ancha rural con velocidad de al menos 1 mbps por estudiante.
Llaman a cerrar la brecha digital; urgen incorporar las TIC a los procesos productivos
Durante la Sesion Plenaria de la segunda jornada del Congreso Latinoamericano de Telecomunicaciones CLT18, autoridades y analistas enfatizaron la importancia de incorporar las TIC a los procesos productivos para generar el crecimiento económico que América Latina necesita, al tiempo que se debatieron las políticas para ampliar la cobertura de servicios de telecomunicaciones, pero se cuestionó la ausencia de estímulos fiscales que permitan a los operadores a reducir sus costos. Finalmente, el Ministerio de Comunicaciones de Cuba aportó datos inéditos sobre el estado de conectividad e informatización de la isla, con 4.5 millones de cubanos con acceso a Internet.
Maimir Mesa Ramos, ministro de Comunicaciones de Cuba, dijo que el Congreso Latinoamericano de Telecomunicaciones (CLT) es un evento que se ha convertido en una plataforma para promover el intercambio y la cooperación, así como para debatir la implementación de políticas públicas que promuevan el desarrollo de las TIC y tributen al fortalecimiento del ecosistema digital.
Cuba, a pesar del bloqueo económico, se encuentra inmersa en la actualización del modelo económico para desarrollar un modelo productivo eficiente, donde dada la transversalidad de las TIC en los sectores productivos y de servicios, tengan un importante rol en el plan de desarrollo hacia 2030.
El acceso a las TIC y a Internet debe favorecer a las personas, las organizaciones y las comunidades para que puedan desplegar su pleno potencial.
Pablo Bello, director ejecutivo de Asiet enfatizó que las telecomunicaciones juegan un papel fundamental en el crecimiento para avanzar al desarrollo, porque la plena inserción a las comunicaciones es una oportunidad para vivir mejor, incrementar la cohesión social, porque el crecimiento económico de América Latina depende de integrar las TIC en los procesos productivos.
Dijo que hoy no hay desafío de política económica más importante que el aumento de la productividad de América Latina.
Rodrigo de la Parra, vicepresidente de ICANN, dijo que de los retos más importantes en Internet es generar confianza. “Debemos comprometernos al ambiente de múltiples partes interesadas y fomentar el diálogo. El CLT se constituye como una de las plataformas para facilitar el diálogo multisectoria”, recalcó.
Mauricio Agudelo, especialista en telecomunicaciones de CAF, explicó que América Latina y el Caribe enfrentan el desafío de desarrollar el ecosistema digital como una condición necesaria para el crecimiento y desarrollo del aparato productivo. Para ello es necesario elevar la inversión similar a la de los países desarrollados.
Las economías de la OCDE invierten el 50 por ciento más de recursos per cápita para la expansión de redes, mientras América Latina está a niveles de Asia emergente.
Debate: gobiernos quieren más cobertura de servicios; operadores piden menos impuestos
Uno de los principales retos para el despliegue de redes de banda ancha en zonas rurales y remotas está relacionado con los costos de infraestructura, de espectro, dispositivos, etcétera.
Mientras los gobiernos intentan crear fondos de cobertura universal o ingresar directamente al mercado, los operadores piden reducción de los costos del espectro y el pago de impuestos para enfrentar el reto de la conectividad.
Una de las experiencias que ha llamado más la atención de la industria es el caso de la Red Compartida en México, donde el gobierno condonó hasta 90 por ciento el costo del espectro, a cambio de que el operador concesionario (Altán Redes) diera cobertura a 92.2 por ciento de la población en México.
Para José Juan Haro, director de políticas públicas y negocio mayorista para Latinoamérica de Telefónica, el caso de la Red Compartida reconoce precisamente que es necesario reducir la estructura de costos de la provisión de servicios.
«Es un reconocimiento que operar a los niveles de precio de los operadores comerciales hace inviable atender a toda la población de México. ¿Qué pasaría si todos los operadores accedieran al mismo descuento, probablemente la cobertura sería mejor?”, consideró el directivo.
Sin embargo, Edgar Olvera, subsecretario de Comunicaciones de México, cuestionó si realmente los descuentos en espectro y reducciones de impuestos a operadores serían suficientes para impulsar el despliegue de redes, ya que en el caso de la Red Compartida, se impusieron obligaciones específicas de cobertura desde la propia ley y el título de concesión.
«La cuestión es si solo la reducción (en el costo del espectro) es suficiente para el despliegue”. Explicó que bajo un entorno de fuerte competencia se puede esperar que el operador tenga los incentivos para invertir los fondos disponibles de un descuento del espectro y trasladar los beneficios al usuario, de lo contrario, éstos recursos podrían no ser utilizados de manera más eficiente.
“Si no existen las condiciones de competencia adecuadas ¿cómo atamos que la reducción vaya al usuario?”, cuestionó, al considerar que “esas fórmulas son peligrosas porque se le pudieran poner al operador ataduras más excesivas que pagar por el espectro”.
Haro presionó al señalar que los ministerios de Hacienda en la región gravan 50 por ciento más a las telecomunicaciones que otras industrias. “Así como la Red Compartida, si nosotros como operadores tuviéramos la opción de decidir pagar, no menos, pero los mismos impuestos que otras industrias a cambio de contribuir más a la expansión del servicio, seríamos los primeros en la fila”, afirmó.
En ese sentido, Olvera añadió que no se ha “logrado convencer a recaudadores que la reducción (de impuestos) se va a reflejar en un mayor consumo, y lo que es definitivo es no meter más gravámenes y reducirlos para que la demanda florezca”.
Por otro lado, Olvera destacó las dificultades de expandir el servicio en México y la dificultad de adaptar modelos de otros países a las características del país.
Explicó que en México 10 por ciento de la población vive en 160 mil localidades de las 172 mil totales. “Significa que la población está dispersa a lo largo y ancho del país y no hay manera física de llegar a ellos bajo condiciones económicas factibles, por dispersión y orografía del país”.
Agregó que lo que se intentó con la Red Compartida es llegar a 92.2 por ciento de la población, si bien aún queda 7.8 por ciento a la que es igualmente difícil de llegar con servicios. “Llegar a ese 7.8 por ciento implicaría hacer la misma inversión que llegar a 92 por ciento. Y aún al llegar, se tendrá el problema de que la población pueda pagar por servicios o dispositivos”, señaló.
Por otro lado, Haro cuestionó también que la recaudación por licitaciones de bandas de espectro no se utilice en la expansión de los servicios, o que “se destinan a la replicación de infraestructura de privados como la red dorsal en Perú”, a la vez que surgen problemas de sostenibilidad económica en proyectos de red financiados por el gobierno, como Azteca Perú y Azteca Colombia, pero que nadie usa.
Adicionalmente, enfatizó en que los operadores privados están en mejor posición para expandir las redes de telecomunicaciones, lo que se ha demostrado con más de 25 años desde la privatización de la industria en la región.
“Es infinitamente superior confiar en la iniciativa privada, en lugar de pretender que los Estados pueden hacerlo mejor que organizaciones pensadas específicamente para eso. La mejor política pública es reducir los costos que enfrentan los privados”, indicó.
Otro de los retos identificados por los panelistas fue la dificultad regulatoria para la expansión de la infraestructura. Nelson Guillén, miembro del Consejo Directivo del Instituto Dominicano de Telecomunicaciones (Indotel), señaló que en la experiencia de la República Dominicana se han encontrado con barreras puestas por las propias comunidades para el despliegue de redes, por ejemplo, la imposibilidad de instalar radiobases por temores a la salud.
En ese sentido, dijo que el Indotel ha buscado ser mediador entre operadores y gobiernos locales, para lo que se impulsa un proyecto de ‘ventanilla única’ para que el regulador se encargue de canalizar los requerimientos de los operadores para el despliegue de infraestructura.
Olvera añadió que se requiere de la colaboración entre entidades públicas y privadas y que el Estado no tiene que colaborar necesariamente con financiamiento, sino otros activos como edificios públicos para llegar donde sea posible. “La primera gran mezcla es con todo el ecosistema de telecomunicaciones para que podamos llegar juntos hasta donde sea posible, entre recursos públicos y privados”, afirmó.
En el caso de la operación de Telefónica y su papel en la expansión de redes, Haro mencionó que la propia operadora está identificando cuellos de botella de carácter operativo, así como otras características de las redes adaptadas a zonas rurales, al considerar que las estaciones base vienen articuladas para atender grandes dimensiones de población.
“No solo hay que pensar en cuestiones de temas tecnológicos, sino también en aspectos comerciales, y llegar a esas personas requiere cooperación con comunidades”, agregó.
Por su parte, Allan Ruiz, secretario ejecutivo de Comtelca, indicó que desde la organización se está impulsando una iniciativa para que los desarrollos de infraestructura vial contemplen el desarrollo de infraestructura para banda ancha. “Eso no se logra porque no hay políticas o lineamientos transversales para lograrlo (en ningún país). En el sector eléctrico tampoco existen políticas claras para usar la postería en beneficio del despliegue de la banda ancha”, explicó.
Cuba lleva a cabo su plan de informatización hacia 2030
El Plan Nacional de Informatización de la Sociedad del gobierno de Cuba se expande a través de 22 planes y dos líneas estratégicas relacionadas al despliegue de infraestructura tecnológica y la producción de contenidos y servicios digitales.
Según datos de Etecsa, operador de telecomunicaciones de la isla, en Cuba existen más de 4.5 millones de usuarios con acceso a Internet.
Según la presentación del Ministerio de Comunicaciones en el Congreso Latinoamericano de Telecomunicaciones (CLT), el plan exige que gobiernos locales tengan su propio plan de uso de tecnología, para coordinarse con las decisiones nacionales.
El plan se enfoca en la industria del software a través de políticas específicas, con creación de parques tecnológicos en conjunto con universidades, y la apertura a la inversión extranjera.
El plan también considera la ampliación de canales de pago electrónico que proyecta el impulso al comercio electrónico en la isla.
Para ello, se desarrolla la pasarela nacional de cobros y pagos y la creación de tiendas virtuales.
Cuba lleva a cabo el desarrollo de su propio sistema operativo llamado NOVA, incluido por defecto en las computadoras vendidas en el territorio, además de su versión móvil AndroNOVA.
Se desarrolla también la plataforma de servicios C.U.B.A., a través de la cual se lanzarán servicios como una plataforma de búsqueda y mensajería.
Durante el CLT, la Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI) también presentó su plan y acciones alineados al plan nacional, incluida la instalación de 14 centros de desarrollo de software para innovación, donde trabajan mil especialistas y profesores, desarrollando proyectos para más de 100 instituciones cubanas.
El Ministerio de Educación Superior destacó el trabajo de la Red UNIV en Cuba, que cuenta con 35 mil computadoras en red, 28 nodos principales conectados por fibra y más de 550 puntos de acceso Wi-Fi.
Destaca también el uso de la tecnología para la digitalización de bibliotecas, redes sociales para la educación, desarrollo de repositorios con recursos de aprendizaje disponibles para los profesores, y la intranet UNIV con contenidos de educación a distancia y cursos abiertos en línea.
El Ministerio de Educación, por su parte, señala que trabaja en dos macroproyectos: el sistema de gestión integral de la docencia y la administración, y plataformas públicas de aprendizaje e interacción en línea, para incrementar los puntos de acceso en cada centro escolar, niveles de calidad de conectividad, actualización de software y desarrollo de producción propia.
Se desplegó también la plataforma integradora Cubaeduca.cu, como espacio virtual con contenidos escolares para preparación de los docentes y servicios afines para la población en general.
El sistema incluye también la red social ‘Ula, Ula’, la plataforma Academus para gestión escolar, plataforma ABCD para bibliotecas escolares y la biblioteca digital para docentes.
En el sistema de salud, el plan de informatización de Cuba dio paso al Sistema integral de gestión hospitalaria e historias clínicas digitales. El Ministerio de Salud Pública de Cuba indicó que ya se tienen mil 640 unidades de salud conectadas por banda ancha.
Como parte del plan se desarrolló la plataforma única SISalud, el sistema Galen clínicas instalado en 70 instituciones de salud y una solución para la captación, almacenamiento y transmisión de imágenes médicas. Se desarrolló también el portal Infomed, que recibe 12 millones de visitas anuales y 160 mil correos anuales, el cual brinda servicios de información, capacitación y participación social en el sector salud.
Adicionalmente, cuenta con el portal de la cooperación médica Cubacoopera, que brinda información a los trabajadores de salud que dan servicios en 63 países del mundo con más de 8 millones de visitas anuales.
El Ministerio de Cultura presentó el Portal Cubarte, compuesto como plataforma por un periódico, blogósfera, repositorio multimedia y con cartelera de eventos, con más de 300 sitios culturales como red defensa de la humanidad, sitio de la biblioteca José Martí, entre otros.
Otro de los sitios es La Papeleta para buscar la programación cultural disponible, en el cual se está desarrollando la posibilidad de adquirir boletos para los eventos en el país. Se desarrolló también la aplicación dritmo, que permite descargar hasta 80 canciones de música cubana.
La Fiscalía General de la República de Cuba indicó el uso de la tecnología para ofrecer una línea única para atención a la población y su participación activa en redes sociales. Estima que 14 por ciento de las personas que acuden a la fiscalía ya lo hace por vías alternativas como correo, teléfono o web.
El Ministerio de Turismo señaló que su objetivo principal es acompañar al viajero digital, desde la inspiración usando las redes sociales, hasta la reserva de hoteles y atracciones por medios digitales.
Para planificación y reserva, se ha desarrollado el portal www.cuba.travel, mediante el cual se puede acceder a toda la información del destino. Cuenta con aplicaciones móviles para Android y iOS.
Indicó que se ha trabajado con Etecsa para que el 72 por ciento de los hoteles cuenten con algún tipo de conectividad, con la meta en 2018 de ampliar la conectividad a 91 por ciento.
El Ministerio desarrolló también la aplicación de mapas Cuba Maps con información de hoteles, destinos turísticos, hospitales, etcétera.