- La ley permite de ahora en adelante la ejecución de las actuaciones de justicia por mecanismos virtuales.
Bogotá, 8 de julio de 2022.- Recientemente fue expedida la Ley 2213 de 2022,la cual garantiza el efectivo funcionamiento de la administración de la
justicia mediante el uso de las tecnologías de la información y la
comunicación, con lo cual se beneficia a los usuarios de servicios
judiciales en Colombia y se garantiza el efectivo acceso a la
administración de justicia.
La normatividad sienta sus raíces en el Decreto Legislativo 806 de
2020, expedido durante la emergencia económica y social causada por la
pandemia del Covid 19 y que permitió en junio de 2020, reactivar la
prestación del servicio público de administración de justicia. Este
Decreto Legislativo permitió durante dos años adoptar medidas para
incorporar las tecnologías de la información y las comunicaciones para
reactivar las actuaciones de justicia, que en su momento permitió la
reactivación de los procesos judiciales, paralizados en su momento por
la Pandemia.
“Como el decreto legislativo 806 del 2020 fue expedido en uso de las
facultades extraordinarias que le fueron concedidas al Presidente
durante la pandemia, lo que hizo el Congreso de la República fue que,
vencido el término de duración del decreto, y con la participación
del Ministerio de Justicia, el Gobierno Nacional y las altas cortes,
volvió legislación permanente este decreto legislativo a través de la
ley 2213 de este año”, explicó Henry Sanabria, Socio de CMS
Rodríguez-Azuero.
Con la introducción de esta normatividad las actuaciones judiciales se
deberán adelantar haciendo uso de los mecanismos virtuales y solo de
manera excepcional, en los casos previstos en la propia ley, se exigirá
la presencialidad en las sedes judiciales, como era lo tradicional.
“Antes de la pandemia la regla general era que las actuaciones
judiciales eran presenciales, y sólo de manera excepcional se hacían
de manera virtual; hoy en día invertimos la regla: Todas las
actuaciones judiciales se adelantarán de manera virtual y
excepcionalmente de manera presencial”, recalcó Sanabria.
Así las cosas, la Ley 2213 trae múltiples beneficios, entre los cuales
se destaca la reducción de costos administrativos, de transporte y,
especialmente, se moderniza la prestación del servicio de justicia. La
virtualidad permite acceder a los expedientes de manera virtual y
atender audiencias desde diversos lugares; la única exigencia es tener
acceso a internet y, en caso de que este recurso no esté disponible
para la persona que lo requiere, la misma ley le trae alternativas para
garantizar su derecho de acceso a la administración de la justicia.
Sin embargo, para Sanabria, aunque esta ley representa grandes avances,
aún se necesita un esfuerzo por parte del Consejo Superior de la
Judicatura y por los demás actores, para que los sistemas tecnológicos
de los juzgados se modernicen y proporcionen respuestas con mayor
prontitud.
“Por un lado, es un tema de inversión de recursos para que los
juzgados cuenten con sistemas ágiles que permitan tener fácil acceso a
los expedientes y las audiencias, y por el otro, un tema de
organización administrativa para que haya una redistribución de las
labores ahora que la justicia es virtual, a lo cual debe agregarse que
esta nueva normatividad obliga a todos los intervinientes a comportarse
con lealtad, buena fe y con espíritu de colaboración con la
administración de justicia”, añadió Sanabria.
La Ley 2213 del 2022 ayuda a que los sistemas de demandas de justicia
sean más eficientes en una era digital. Reflejo de esto fue el aumento
considerable que, de acuerdo con el Consejo de Estado y la Corte Suprema
de Justicia, se presentó en el número de providencias proferidas a
través de mecanismos virtuales y el número de audiencias en la
justicia penal durante la virtualidad.
“Vamos por buen camino, pero todavía se necesita que todos los
abogados tengan el compromiso de cumplir con la lealtad y la buena fe en
todos los procesos, y colaborar con la administración de la justicia en
estos momentos en donde se está produciendo un cambio y el desarrollo
de este puede generar problemas. Aquí lo que se busca es un compromiso
de todos los que intervienen en la prestación de ese servicio”,
concluyó Sanabria, quien, además resaltó que la jurisprudencia de
nuestras altas cortes ha contribuido y seguirá contribuyendo a que
estas nuevas tecnologías redunden en garantizar un mejor acceso a la
justicia.
