Santiago, octubre 2025 – En una ceremonia celebrada el pasado lunes 20 de octubre en la Sala de Audiencias “Rodrigo Pica Flores” del Tribunal Constitucional de Chile, la Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI) y el propio tribunal firmaron un convenio de colaboración orientado a reforzar la ciberseguridad institucional.
La presidenta del tribunal, Daniela Marzi Muñoz, y el director de la ANCI, Daniel Álvarez , fueron quienes rubricaron el documento, en presencia del subsecretario de Seguridad Pública, Rafael Collado; la subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao; y el director nacional del Tribunal Calificador de Elecciones (TRICEL), Raúl García.
El acuerdo contempla que el tribunal reportará incidentes de ciberseguridad a través de la plataforma habilitada por la ANCI. Asimismo, se prevén actividades conjuntas para mejorar las capacidades técnicas del tribunal y optimizar sus protocolos de seguridad digital.
Durante su intervención, Marzi destacó que “debemos trabajar de manera conjunta” ya que el Estado no puede fragmentar esfuerzos frente a los crecientes desafíos digitales, y enfatizó que este convenio marca el inicio de un diálogo colaborativo entre instituciones para proteger la continuidad de sus funciones. Por su parte, el director de la ANCI subrayó que los ataques cibernéticos “no distinguen”: afectan tanto al sector público como a sus proveedores, y recordó que hay tribunales que han suspendido trámites por semanas debido a este tipo de incidentes.
El subsecretario Collado agregó que institucionalizar mecanismos de colaboración hace que el país avance hacia una seguridad digital “dedicada y profesional”, lo cual redunda en una esfera pública más resguardada. En tanto, la ministra y presidenta del Comité de Ciberseguridad del tribunal, Catalina Lagos Tschorne, afirmó que la creciente transformación digital estatal exige “resguardos de ciberseguridad necesarios” para proteger los datos de los ciudadanos, y valoró que este convenio permitirá establecer un mecanismo formal de reporte de incidentes y una hoja de ruta de trabajo conjunto.
De acuerdo con la Ley N° 21.663, las instituciones y órganos autónomos constitucionales no están sujetos a la regulación ni fiscalización directa de la ANCI, pero deben establecer mecanismos de cooperación voluntaria para el reporte y gestión de incidentes cibernéticos. Este convenio, en ese sentido, representa un paso concreto hacia la coordinación efectiva entre organismos del Estado para reforzar la resiliencia digital de las instituciones públicas.