- Por Gonzalo Silva, Gerente General de Edenred Chile.
En Chile, más de la mitad de las mujeres que no trabajan lo hacen por responsabilidades de cuidado familiar. Esa realidad refleja un talento que el país necesita recuperar para impulsar su productividad, competitividad y capacidad de innovación. En este contexto, el avance del proyecto de ley de sala cuna universal representa una oportunidad única para reducir brechas históricas y construir un mercado laboral más equitativo y moderno.
La demanda por un sistema universal no surge solo desde la perspectiva de los derechos de las mujeres. También responde a una necesidad económica evidente: facilitar que más mujeres puedan reincorporarse al trabajo remunerado sin verse obligadas a elegir entre su vida laboral y familiar. Se trata de una decisión estratégica de país, que influye directamente en la participación laboral, el crecimiento y la equidad de oportunidades.
Hoy, el proyecto en discusión propone la creación de un fondo solidario que financie el acceso a salas cuna, independiente del tamaño de la empresa o del tipo de contrato. Es un diseño que aborda una deuda estructural que lleva más de una década postergándose. Sin embargo, como toda política pública de gran escala, su sostenibilidad en el tiempo dependerá de los mecanismos de administración, fiscalización y control que se definan en la etapa legislativa y regulatoria.
La ley debe cuidar a las mujeres y, al mismo tiempo, ser aplicable para las empresas sin afectar su competitividad ni su capacidad de contratación. De no equilibrarse estos objetivos, existe el riesgo de generar efectos no deseados, especialmente en pequeñas y medianas empresas que podrían enfrentar dificultades por costos o complejidad administrativa. La sala cuna universal debe ser una herramienta para emparejar la cancha, no una carga adicional que desincentive la contratación femenina.
Chile cuenta con experiencias exitosas que demuestran que es posible implementar políticas sociales de gran escala resguardando el uso responsable de los recursos públicos. La ejecución de programas de entrega masiva de beneficios ha mostrado que, cuando existen esquemas adecuados de intermediación y colaboración, es posible asegurar trazabilidad, reducir carga administrativa y fortalecer los mecanismos de control, garantizando que los beneficios lleguen efectivamente a quienes corresponde. Estos aprendizajes refuerzan el valor de una colaboración bien diseñada entre el sector público y operadores especializados para avanzar en políticas sostenibles, eficientes y transparentes.
Aplicado al sistema de sala cuna universal, un modelo de administración que integre capacidades públicas y privadas permitiría canalizar de manera más eficiente los recursos hacia establecimientos autorizados, asegurar calidad del servicio y facilitar la fiscalización en un sistema complejo y de alto volumen. También contribuiría a formalizar proveedores, generar redes certificadas de salas cuna y facilitar el acceso en todo el territorio, incluyendo zonas donde la oferta actual es limitada.
La colaboración público-privada, cuando se diseña con transparencia, objetivos claros y estándares robustos, no reemplaza el rol del Estado; lo potencia. Es una forma de aprovechar capacidades ya instaladas en el país para alcanzar metas sociales con mayor eficacia y velocidad. En una política tan sensible y necesaria como la sala cuna universal, esa sinergia podría marcar la diferencia entre una buena intención y una política pública verdaderamente transformadora.