- Santiago 4 de junio de 2026.
La Asociación Chilena de Casinos y Juego rechaza la decisión adoptada por el Servicio de Impuestos Internos mediante la Resolución Exenta N°69, de 2 de junio de 2026, que habilita un mecanismo para que plataformas extranjeras de apuestas online puedan inscribirse y pagar IVA por las operaciones que realizan en Chile.
Esta medida no constituye un simple acto de recaudación tributaria. En la práctica, opera como un mecanismo de regularización encubierta, al incorporar al sistema del Estado a operadores que hoy desarrollan una actividad que la Corte Suprema ha calificado como ilegal y respecto de la cual existen resoluciones judiciales que ordenan a otro organismo de gobierno (Subtel) al bloqueo de sitios de apuestas online. La señal es especialmente confusa cuando, a pocos días de esta decisión, el Gobierno optó por no presentar indicaciones y reducir la urgencia de la tramitación del proyecto de ley que precisamente busca normar esta actividad.
Pagar impuestos no transforma una actividad ilegal en legal. Sin embargo, la señal que recibe el mercado es que estas plataformas pueden seguir operando mientras regularizan únicamente su situación tributaria, sin asumir las obligaciones regulatorias, de fiscalización, de trazabilidad de los recursos, de protección al consumidor, resguardo de menores de edad y prevención de actividades ilícitas que sí cumplen los casinos autorizados en Chile.
Resulta además difícil comprender que, frente a una actividad cuya ilegalidad ha sido reconocida por los tribunales y por las distintas autoridades de gobierno, el Estado opte por habilitar mecanismos de cobro antes que perseguir su cese. La propia Resolución Exenta N°26 de 2023 del SII había excluido a estas plataformas del régimen simplificado de tributación precisamente por tratarse de actividades consideradas ilícitas por la autoridad competente. La nueva resolución no deroga la N°26, por lo que la actividad mantiene su carácter de ilegal, y crea otro efecto. Todo funcionario público tiene el deber de actuar frente a la comisión de hechos ilícitos; la pregunta que surge es si corresponde denunciarlos o simplemente recaudar sobre ellos.
Esta acción, al mismo tiempo, debilita el trabajo que durante años han desarrollado parlamentarios y diversos organismos públicos para construir una regulación seria y moderna para esta industria mediante un proyecto de ley que lleva 4 años en el Congreso y se encuentra en 2do Trámite Constitucional, cuyo objetivo no se reduce a la recaudación fiscal.
Como industria regulada, hacemos un llamado a las autoridades a resguardar la coherencia institucional del Estado, a restablecer la consistencia entre los criterios de la Corte Suprema, la Superintendencia de Casinos de Juego y el propio SII, y a avanzar con urgencia en una regulación integral que garantice competencia leal, protección de los consumidores y certeza jurídica para el desarrollo de esta actividad.