Por Michael J. Heavey. Ingeniero Civil.
Todos quieren comer torta. En Chile, como en el resto del mundo, la discusión pública sobre IA se ha convertido en una sobremesa donde todos opinan sobre la receta: qué modelo usar, qué regular, qué tan rápido subirse al tren antes de perderlo. Es una conversación legítima y necesaria. Pero tiene un problema de fondo: se salta el paso de mirar la despensa.
Porque cuando uno abre el refrigerador del Estado buscando los ingredientes de esa torta, se encuentra con una sorpresa. La harina no está. Y la levadura, tampoco.
Porque la torta que de verdad importa es la IA como herramienta para formular, gestionar y evaluar política pública con datos, con evidencia, y no con intuición. «Más data y menos guata», decía el ex senador Pugh. Esa es la torta a la que el Estado debiera aspirar.
LA HARINA QUE TODAVÍA ES TRIGO
Los datos del Estado —los de los ciudadanos en SII, RCeI, Ministerios diversos, las fichas clínicas, los registros de propiedad, los antecedentes penales, los subsidios entregados— son hoy, trigo en sus silos. No harina. Están ahí, existen, tienen valor nutritivo. Pero vienen con cáscara, con afrecho, mezclados con la tierra del campo donde se cosecharon: cada ministerio, cada servicio, cada municipio los guarda con su propio formato, su propio criterio de calidad, su propio silo. Un grano de trigo no se echa directo a la masa. Hay que trillarlo, separar la cáscara del grano, y después molerlo. Sin ese proceso, lo único que se puede hacer con el trigo es mirarlo.
¿Qué pasa cuando le pedimos a un algoritmo que decida con ese grano sin moler?
Exactamente lo que le pasaría a cualquier panadero: puede tener el mejor horno del mercado, la mejor receta, pero si lo que le entregan para amasar llega con cáscara —duplicado, mal etiquetado, sin saber de dónde salió ni quién responde por su calidad— lo que sale no es pan. Y no es un problema del horno. Es un problema del grano.
LA LEVADURA QUE NADIE VE
Pero limpiar y moler el trigo no basta para hacer una torta esponjosa. Falta la levadura: el ingrediente que no se nota a simple vista, que no tiene sabor propio, pero que hace que la masa fermente, se una y crezca, en lugar de quedar aplastada y densa. Esa levadura es la interoperabilidad: la capacidad de que los distintos organismos del Estado —y sus distintas harinas— se mezclen entre sí sin que cada intercambio de datos sea una negociación bilateral distinta, un convenio nuevo, una excepción a la medida.
¿De qué sirve tener la mejor harina de cada silo, si nunca se juntan?
Sin levadura, cada silo puede tener su harina perfectamente limpia, y aun así la torta sale apelmazada: el ciudadano sigue llevando el mismo certificado de un servicio público a otro, el algoritmo de un ministerio no puede cruzar información con el de otro, y cada intento de usar IA en el Estado termina siendo un experimento aislado que no escala. La interoperabilidad no es un capítulo técnico secundario de la conversación sobre IA: es el ingrediente que decide si lo que sale del horno se puede comer, tiene buen sabor y realmente alimenta la gestión de la política pública.
EL MOLINO QUE DUERME EN EL SENADO
Aquí es donde entra la pregunta legislativa, que suena aburrida al lado de la promesa de la IA, pero que es exactamente el molino que hoy falta: el proyecto de ley que crea el Sistema Nacional de Gestión de Datos, Boletín N° 17.590-05.
Y ese molino no hay que inventarlo a ciegas. En enero de 2026, el Senado convocó en su propia Sala de Sesiones la Cumbre Digital «Cyber Policy Summit», con especialistas de gestión de datos de distintos países, que vinieron a contar cómo construyeron su propio molino: qué errores cometieron, qué atajos funcionaron, qué piezas no se pueden saltar. Los planos de esa conversación quedaron en un libro, hoy disponible en la Biblioteca del Congreso Nacional. El diseño del molino no es la parte que falta; lo que falta es que alguien tome la llave y empiece a construirlo.
Ese molino tiene dos partes, y conviene no confundirlas. En cada organismo, un Oficial del Dato hace el trabajo de trilla: separa la cáscara, identifica qué grano sirve y cuál no, deja constancia de su calidad y de quién responde por él. Es trabajo local, hecho puertas adentro de cada servicio, con las herramientas que ya tiene. La Oficina del Dato, radicada en la Secretaría de Gobierno Digital, es la cocina central: ahí se junta la harina que cada organismo ya limpió, se le agrega la levadura de la interoperabilidad, y recién ahí hay una masa que se puede hornear.
Ese molino, con nombre y número —Boletín N° 17.590-05—, lleva ya más de un año durmiendo en la Comisión de Desafíos del Futuro del Senado.
Y el molino tiene dueño: el Ejecutivo. Es el único que puede afinar sus engranajes, ajustar su institucionalidad y su autonomía técnica, sin que eso se lea como gasto nuevo o servicio adicional. Mientras el dueño no mueva un dedo, la trilla que cada Oficial del Dato haga en su organismo seguirá siendo trigo limpio guardado en su propio silo, sin llegar nunca a ser la harina que la torta de la IA necesita.
La receta de la IA para el Estado no empieza en el horno. Empieza en el molino. Y ese molino no se mueve solo, por más que todos sigamos hablando, con la boca hecha agua, del sabor que tendrá la torta.
Ojalá el dueño del molino no sea celíaco, porque no hay torta posible si le teme al trigo.
