Por Jorge Atton Palma, ex Subsecretario de Telecomunicaciones
El mundo enfrenta una de sus peores crisis económicas en 100 años, gestada durante el confinamiento obligatorio de la pandemia y acrecentada con las consecuencias dramáticas de la guerra en Ucrania.
En Chile lo estamos viendo y a diario. Nuestra inflación es la más alta desde 1994 y el crecimiento del PIB este año sería el segundo más bajo desde 1990, cuando éramos -objetivamente- un país rezagado tecnológicamente, tras décadas de control estatal sobre las telecomunicaciones.
Con la apertura de la industria de las telecomunicaciones a inversionistas privados, Chile pudo concretar en la década de los ‘90 uno de los mayores saltos tecnológicos de su historia, hasta consolidar un inesperado liderazgo regional en telefonía celular y TV cable, fruto de inversiones millonarias que el Estado chileno de la época, con altas tasas de pobreza multidimensional, no habría sido capaz de solventar por sí mismo.
En las primeras décadas del siglo XXI la industria de telecomunicaciones alcanzó niveles superiores de inversión que masificaron los servicios públicos hasta un 98% del territorio poblacional con redes móviles y acceso a Internet, llevando a Chile a niveles de países más desarrollados en número de usuarios, escuelas y empresas conectadas.
Con todo, hoy enfrentamos un desafío de equidad digital, para que todos los chilenos tengan los mismos estándares de calidad de servicio, con precios competitivos y asequibles. Poner fin a las zonas rojas y elevar la conectividad digital en zonas aisladas.
También tenemos un desafío de recuperación económica, cuyo motor será la revolución digital, lo que requiere que Chile prepare su ecosistema para asumir esta transformación de la economía como una política de Estado.
Esta realidad fue recogida en el actual régimen concesional, que es virtuoso y robusto, y establece condiciones muy nítidas de caducidad, para favorecer la inversión.
La red móvil actual (sin 5G) y de fibra óptica que tenemos en Chile ha costado en inversión privada más de US$ 13 mil millones en la última década. La red 5G costará US$ 3.000 millones más sólo en los primeros años, y el despliegue de la fibra óptica necesaria para soportar la demanda 4.0 sumará otros US$ 2.500 millones a mediano plazo.
Con estas exigentes necesidades de inversión -que son las mínimas para desplegar la infraestructura de conectividad digital- es primordial fijar reglas de inversión sostenibles y racionales para el futuro inmediato, y preocupa la propuesta de la Comisión de Medio Ambiente de la Convención Constituyente, que desconoce las recomendaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones de Naciones Unidas y busca rebajar los títulos de concesiones sobre espectro a simples permisos administrativos, precarios legalmente y sujetos a la discrecionalidad del gobierno de turno.
El espectro son las carreteras por donde circula la internet y todas las comunicaciones de nuestra sociedad moderna. Pero para que esas carreteras puedan funcionar, se requieren cuantiosas inversiones y mucho expertise técnico, así como permanentes reinversiones para ir a la par del desarrollo tecnológico. El 4G y el 5G y en el futuro el 6G no llegan por arte de magia.
¿Quién invierte en infraestructura de largo plazo sobre la cual no tiene derecho de propiedad y cuya autorización puede revocarse unilateralmente por la autoridad? Estaríamos poniendo en riesgo la evolución tecnológica de Chile, el despliegue incipiente de 5G, así como la estabilidad de las actuales redes de telecomunicaciones y las metas de inclusión digital.
Este sábado el pleno de la Convención debe votar este punto sobre el espectro radioeléctrico, pese a que previamente ya aprobó la norma que lo define como un recurso nacional y determina que las condiciones para su uso serán definidas por Ley. ¿Por qué contradecir ese articulado con una nueva norma que cierra la puerta al debate legislativo y cristaliza a nivel constitucional el uso del espectro como un mero permiso administrativo?
Es tiempo de cuidar nuestra infraestructura digital y reforzar su futuro porque hoy -más que nunca- el bienestar y desarrollo de Chile depende de su ecosistema digital.