Por Michael J. Heavey. Ingeniero Civil
Durante el mes de enero se realizó un seminario sobre transformación digital, gracias a una iniciativa del entonces Senador K. Pugh, convocado por el Senado, el BID y Fundación País Digital, con el apoyo del Servicio de Gobierno Digital. Su objetivo fue realizar un balance y proyectar el estado actual de la transformación digital en Chile, en el camino hacia la modernidad que, como país, aspiramos a alcanzar.
La actividad contó con la participación de actores nacionales e internacionales, entre los que destacaron Estonia y Ucrania. Este último, pese al contexto de guerra, exhibe una exitosa transformación digital que ha permitido al país mantener un funcionamiento eficiente del Estado y enfrentar de manera frontal el problema de la corrupción. Asimismo, participaron España, Uruguay y Argentina, países que presentan importantes avances en la digitalización del Estado, cada uno con su propia estrategia. España y Uruguay con un interesante desarrollo institucional, y Argentina con las experiencias federales en interoperabilidad.
A nivel nacional, se expuso nuestra realidad digital, los avances logrados que no son pocos, pero también quedan los más relevantes como la identidad digital robusta, el domicilio o notificador digital, y el portal único del Estado, entre otros, esbozando así el camino que aún queda por recorrer. Resulta llamativo el desarrollo impulsado por el sector privado en nuestro país, en contraste con la falta de voluntad política para avanzar con mayor decisión hacia un Estado moderno. Esta situación parece explicarse, en parte, por la falta de comprensión del Ejecutivo respecto de que la transformación digital no constituye un gasto, sino una inversión que permite mejorar la eficiencia del Estado en su conjunto y ofrecer mejores servicios a la ciudadanía.
La transformación digital del Estado, aunque pueda parecer paradójico, no es principalmente un problema tecnológico. Las soluciones estándar y el conocimiento necesario existen desde hace años en el mercado. Contamos con sistemas informáticos y con excelentes profesionales capaces de implementar soluciones técnicas de primer nivel; sin embargo, estos esfuerzos se ven limitados por plataformas tecnológicas poco escalables y por una tramitación jurídica que dificulta de manera significativa el uso de los datos, tanto dentro como fuera del Estado.
Actualmente se encuentra en trámite un proyecto de ley, radicado en el Senado, sobre gestión de datos, que constituye un paso relevante para destrabar esta materia en el sector público. No obstante, requiere modificaciones para que sea realmente operativo, como la creación de la figura de los encargados de datos en los Órganos de la Administración del Estado (OAE), denominados CDO (Chief Data Officer), así como de una entidad coordinadora a nivel central —la Oficina del Dato— que actúe como árbitro respecto de qué datos pueden usarse, cómo y por quiénes, garantizando su uso seguro y respetando principios como la protección de los datos personales, su trazabilidad y su integridad.
Junto con lo anterior, es fundamental establecer una plataforma de interoperabilidad, que permita a los sistemas informáticos conversar entre si bajo reglas claras, basada en el modelo europeo, que facilite el flujo seguro y trazable de la información y permita una integración rápida y escalable, actualmente limitada por una solución tecnológica inadecuada, con poco soporte que la hace un pilar débil como solución. Países como Colombia, Argentina, Costa Rica y República Dominicana han optado por la solución desarrollada por Estonia y Finlandia, y adoptada también por Ucrania, denominada X‑Road, y en este país es la columna vertebral del funcionamiento del Estado (Trembita).
Tanto la Oficina del Dato como la administración de la interoperabilidad deberían radicarse en el Servicio de Gobierno Digital, dependiente de la Subsecretaría de Hacienda, donde deben impulsarse los necesarios esfuerzos para una transformación digital exitosa.
El Ejecutivo y el Legislativo tienen la oportunidad de impulsar una legislación moderna mediante un trabajo similar al realizado en la Ley Marco de Ciberseguridad, en la que primaron criterios técnicos basados en normativas internacionales, el aporte de expertos nacionales y la voluntad política transversal de avanzar en esta materia. Ello permitió generar institucionalidad y adelantarnos incluso a muchos países de la OCDE. Este enfoque no solo puede, sino que debe repetirse, lo que significaría un avance sustantivo para nuestro país.
Actualmente se depositan grandes expectativas en las herramientas de inteligencia artificial y en los grandes centros de procesamiento de datos para resolver problemas públicos y diseñar políticas públicas más eficientes, capaces de ser analizadas y evaluadas en múltiples escenarios, asegurando mejores resultados. Para que todo ello sea posible, se requieren datos de origen confiable, seguros, trazables y, por supuesto, actualizados: ese es el desafío.