Por Michael J. Heavey. Ingeniero Civil
La expresión «Internet no reconoce fronteras» es comúnmente utilizada para destacar cómo los datos fluyen libremente y se almacenan en la nube, sin importar su ubicación física. No obstante, esta visión pasa por alto una realidad crítica: los datos en la nube son almacenados y procesados en centros de datos dispersos globalmente, gestionados por grandes proveedores cuya infraestructura principal reside en sus países de origen y está sujeta a sus respectivas jurisdicciones.
Legislaciones extranjeras como la ley de inteligencia de China y el Cloud Act de Estados Unidos otorgan amplias facultades a sus gobiernos para intervenir en la gestión de datos, incluso más allá de sus fronteras. Esto plantea un reto significativo para la soberanía digital, ya que los datos pueden quedar sujetos a legislaciones extranjeras, lo que puede comprometer su seguridad, integridad y disponibilidad.
En Chile, aunque existen lineamientos del Estado para la adquisición de servicios de nube pública, no se aborda adecuadamente la soberanía digital. Las decisiones sobre la ubicación de los datos se delegan a nivel sectorial, lo cual es insuficiente para garantizar que los datos del Estado estén siempre protegidos y accesibles. Es crucial que los datos del Estado se almacenen físicamente dentro del territorio nacional, bajo nuestra propia legislación y jurisdicción.
Es necesario iniciar un diálogo técnico y político profundo sobre los servicios en la nube, sus alcances y limitaciones. Se debe asegurar que los principios de seguridad, accesibilidad e integridad prevalezcan, avanzando también hacia tecnologías de cifrado postcuántico para fortalecer la seguridad de nuestros datos.
No podemos depender de la jurisdicción de otros países para servicios de nube contratados por el Estado sin las adecuadas salvaguardas técnicas, donde las decisiones se basan principalmente en el costo y no en la seguridad nacional. Ejemplos como el caso de ChileCompras, cuyos datos se almacenaron en servidores extranejros, muestran que la ausencia de control nacional puede ser problemática.
Es urgente establecer normas claras para preservar nuestra información digital en el ciberespacio. Debemos asegurar que el almacenamiento de los datos del Estado en la nube se efectúe dentro del territorio nacional, permitiendo así una adecuada jurisdicción y protección de nuestra soberanía digital.
