Santiago, 30 de enero de 2026 – La ministra secretaria general de la Presidencia, Macarena Lobos Palacios, recibió oficialmente el informe elaborado por la Comisión Asesora Ministerial encargada de la implementación de la nueva Ley de Protección de Datos Personales, normativa que moderniza el marco jurídico de la protección de datos en Chile y que comenzará su vigencia el 1 de diciembre de 2026.
La reunión, efectuada en dependencias del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Segpres), contó con la participación de los integrantes de la instancia técnica, creada mediante Decreto N.º 12 del 5 de junio de 2025 con el objetivo de asesorar al Ejecutivo sobre las prioridades y desafíos clave para la efectiva puesta en marcha de la legislación.
Un diagnóstico técnico y recomendaciones estratégicas
El informe presentado —producto de los trabajos de la Comisión Asesora Ministerial— entrega un diagnóstico crítico y recomendaciones concretas para que las instituciones públicas y privadas puedan adecuarse al complejo escenario regulatorio que impone la Ley N.º 21.719, que actualiza y reemplaza la antigua normativa de protección de datos personales.
Entre los principales desafíos identificados por la Comisión, destacan:
- Necesidad de fortalecer la institucionalidad: El documento advierte que la futura Agencia de Protección de Datos Personales (APDP) —órgano autónomo encargado de fiscalizar, orientar y sancionar— requiere recursos humanos y financieros significativamente mayores a los actualmente previstos, con el fin de cumplir sus funciones regulatorias y de supervisión de manera efectiva.
- Anticipar la instalación de la Agencia: La Comisión recomienda adelantar la constitución de la APDP y la designación de su Consejo Directivo a más tardar en junio de 2026, para asegurar que disponga del tiempo necesario para dictar normas, establecer procedimientos y habilitar canales de atención antes del inicio de operaciones.
- Dotación y presupuesto adecuados: El análisis subraya que la propuesta presupuestaria actual es insuficiente y presenta una contrapropuesta que incluye un aumento en la dotación de personal y un presupuesto operativo más acorde con las exigencias del mandato legal.
La Comisión consolidó su trabajo en cuatro informes técnicos que reúnen diagnósticos y recomendaciones para su instalación:
- Informe I: propone un cronograma de instalación y fortalecimiento institucional de la APDP, junto con un diagnóstico funcional, orientado a asegurar sus capacidades operativas y de fiscalización.
- El Informe II: formula recomendaciones sobre transferencias o tráfico transfronterizo de datos personales, estableciendo criterios técnicos y jurídicos para resguardar estándares de protección equivalentes cuando la información sea tratada fuera del país.
- El Informe III: propone una hoja de ruta para la implementación de la ley en ministerios, servicios públicos y municipalidades, coordinada por la Secretaría de Gobierno Digital del Ministerio de Hacienda mediante la emisión de un oficio circular con directrices y guías técnicas.
- Informe IV: incorpora recomendaciones complementarias de implementación y armonización normativa, con el fin de consolidar criterios comunes y apoyar la aplicación progresiva del nuevo marco regulatorio en el sector público.
Un avance hacia estándares internacionales
La nueva Ley de Protección de Datos Personales representa un hito en la legislación chilena, al actualizar principios y obligaciones en materia de privacidad y protección de datos en línea con estándares globales, como los establecidos por el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) de la Unión Europea.
En ese contexto, la labor de la Comisión Asesora Ministerial se convierte en un paso estratégico para facilitar la adaptación tanto del sector público como del privado, promoviendo una implementación ordenada y técnicamente sólida de la normativa.
La titular de la Segpres destacó que la protección de datos resguarda derechos y al mismo tiempo genera condiciones para el crecimiento y la modernización. “Ambas dimensiones avanzan de la mano. Por eso quiero decirlo con claridad: esta no es una tarea de un gobierno. Es una política de Estado. De cómo tratemos la información de las personas depende la calidad de nuestra democracia, la legitimidad de nuestras instituciones y la confianza con que la ciudadanía se relaciona con el sector público y privado”, concluyó la secretaria de Estado.
La Comisión Asesora Ministerial fue presidida por la abogada y académica Romina Garrido. También contó con una Secretaría Ejecutiva a cargo de la abogada de la División Jurídico–Legislativa de la Secretaría General de la Presidencia, Lizzy Seaman. Integraron el equipo de trabajo la profesora del Centro de Estudios en Derecho, Tecnología y Sociedad de la Universidad de Chile, Danielle Zaror; el vicerrector académico de la Universidad Central, Emilio Oñate; la presidenta y fundadora de la Fundación Datos Protegidos, Jessica Matus; y el presidente de la Asociación Gremial de Profesionales en Protección de Datos, Marcelo Drago, en representación de la sociedad civil.
También, fueron parte de esta instancia el director de la Asociación Chilena de Empresas de Tecnologías de la Información A.G, Claudio Magliona; el encargado de Ciberseguridad de la Contraloría General de la República, Ricardo Arancibia; el director de la Secretaría de Gobierno Digital, José Inostroza; y el coordinador de Modernización del Estado en el Ministerio de Hacienda, Rodrigo Lavanderos. A ellos se suman la jefa de la División Jurídica del Ministerio de Economía, Beatriz von Loebenstein; el director de la Agencia Nacional de Ciberseguridad, Daniel Álvarez; y el asesor de la Subsecretaría de Prevención del Delito, José Ruiz.
