Santiago, 20 de mayo de 2026 – La futura Agencia de Protección de Datos Personales sufrió un importante revés político en el Senado luego que la Sala rechazara las propuestas del Ejecutivo para integrar el Consejo Directivo del nuevo organismo, al no alcanzarse el quórum requerido de dos tercios de los senadores en ejercicio.
La propuesta fue rechazada luego que la Sala obtuviera 19 votos a favor y 12 en contra, resultado insuficiente para alcanzar el quórum de dos tercios requerido para ratificar a los candidatos Joselyn Biermann, Roberto Godoy y Matías Larraguibel.
El rechazo representa un retraso relevante para la instalación de una de las institucionalidades digitales más importantes impulsadas en Chile durante los últimos años, especialmente considerando que la futura Agencia tendrá facultades regulatorias, fiscalizadoras y sancionatorias en materia de protección de datos personales.
Según trascendió desde el debate parlamentario, parte de las dudas estuvieron relacionadas con posibles conflictos de interés, experiencia previa en sectores regulados y el equilibrio político-técnico que deberá tener el organismo encargado de supervisar el tratamiento de datos personales en el país.
Durante las exposiciones previas realizadas en las comisiones unidas de Constitución y Economía del Senado, los candidatos presentaron distintas miradas sobre los desafíos que enfrentará Chile en privacidad, inteligencia artificial, gobernanza digital y economía de datos.
Una de las postulaciones con mayor foco técnico fue la de Josely Elizabeth Birman Muñoz, propuesta originalmente por un período de seis años. Ingeniera comercial, con magíster en dirección de empresas y certificación internacional DAMA en gestión de datos, fue reconocida en 2025 entre las 50 mujeres líderes en tecnología en Chile.
Su trayectoria incluye experiencia en gobierno de datos y transformación digital en compañías como Transbank y WOM —donde participó en procesos de migración a la nube— además de su actual rol en Consorcio Financiero liderando la adecuación a la nueva legislación.
En su intervención, Birman defendió que el cumplimiento normativo no debe quedarse únicamente en políticas o documentación, sino incorporarse directamente en los sistemas tecnológicos mediante enfoques de “protección por diseño y por defecto”, integrando trazabilidad, ética y gobernanza desde el origen de los procesos digitales.
También enfatizó la necesidad de que la futura Agencia tenga capacidades técnicas reales para supervisar ecosistemas cada vez más complejos e intensivos en inteligencia artificial.
Por su parte, Roberto Antonio Godoy Fuentes —propuesto por cuatro años— presentó una visión más vinculada a políticas públicas y construcción regulatoria. Abogado con más de 30 años de experiencia en el sector público, tuvo un rol relevante como asesor del Ministerio de Hacienda durante la elaboración y tramitación de la propia Ley 21.719.
En su exposición sostuvo que uno de los principales desafíos será equilibrar adecuadamente la protección de los derechos fundamentales con el desarrollo de la economía digital, evitando que una sobrerregulación termine afectando innovación, competitividad o crecimiento tecnológico.
En esa línea, defendió criterios de proporcionalidad y gradualidad en la aplicación de sanciones, especialmente considerando que muchas organizaciones aún se encuentran en etapas tempranas de adecuación normativa.
La tercera candidatura correspondía a Matías Larragibel Goicolea —propuesto por dos años— ingeniero civil industrial y fundador de Bothala, empresa orientada al desarrollo de agentes de inteligencia artificial y automatización.
Larragibel centró su presentación en la urgencia técnica que impondrá la nueva normativa, señalando que la futura Agencia deberá contar con especialistas capaces de auditar algoritmos, supervisar tecnologías biométricas y responder efectivamente a brechas de seguridad dentro de los plazos de 72 horas establecidos por la ley.
Además, propuso priorizar sectores críticos como salud y servicios financieros, considerando el volumen y sensibilidad de los datos personales que manejan.
El rechazo obliga ahora al Ejecutivo a reevaluar las nominaciones o presentar nuevos nombres para conformar el Consejo Directivo, situación que podría retrasar parte de la implementación operativa de la nueva institucionalidad.
