- Se trata de una herramienta orientada a identificar y detener la fuga, el hurto o el uso no autorizado de datos confidenciales dentro de una organización.
Nacional, 2 de septiembre de 2026.- Las empresas entran en la recta final respecto al periodo de adaptación de la nueva Ley de Protección de Datos Personales. Su implementación supone la transformación más importante en décadas, ya que la anterior estaba vigente desde 1999. La nueva normativa entrará en plena vigencia desde el 1 de diciembre de 2026, con el objetivo de elevar el estándar y alinearlo con normativas internacionales como el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) de la Unión Europea.
“Entre los principales cambios, la nueva legislación impone un paradigma: los datos ya no son un activo de libre disposición y se consolida que cada persona es dueña de su información. En ese sentido, también crea la Agencia de Protección de Datos Personales, un organismo autónomo, especializado en fiscalizar, investigar y aplicar sanciones”, explica el experto André Goujon.
Respecto al alcance, este será extraterritorial, ya que no solo aplicará a organizaciones físicas en Chile, sino también a empresas extranjeras que traten datos para ofrecer bienes o servicios a personas que se encuentren en el país. En cuanto a las notificaciones en caso de brechas, las organizaciones tienen la obligación legal de notificar a la Agencia en 72 horas.
“Sumado a lo anterior, uno de los aspectos más críticos son las multas en caso de sanciones. Las infracciones gravísimas (como tratar datos de forma fraudulenta o cederlos sin permiso) conllevan multas de hasta 20.000 UTM (más de 1.300 millones de pesos). En caso de reincidencia, el monto puede alcanzar hasta el 4% de los ingresos anuales globales de la empresa”, menciona Goujon.
A escasos meses de que la ley entre en vigor, las organizaciones deben estar implementando modelos de prevención operativos. La ley ya no exige solo políticas escritas, sino evidencia real: inventarios de dónde están los datos sensibles, controles de acceso de mínimo privilegio, cifrado de información y, para quienes realicen tratamientos masivos, la figura de un Delegado de Protección de Datos (DPO).
“Una herramienta que ha sido consultada con bastante frecuencia por las empresas chilenas es el DLP (Data Loss Prevention, por sus siglas en inglés). Se trata de un software de prevención de pérdida de datos que monitorea la trazabilidad de información sensible mediante políticas de bloqueo. Se diferencia de los antivirus, ya que mientras este último protege contra el malware y ataques externos, no evita la fuga de información causada por usuarios internos malintencionados, lo cual sí es la función principal del DLP”, precisa Goujon.
El sistema permite al administrador visualizar actividades como el envío de archivos a correos personales o nubes, cambios de nombre o copias a unidades de red, y establecer políticas que bloquean automáticamente intentos de transferencia de archivos sensibles a ubicaciones no autorizadas.
La demanda de estas herramientas crece ante la incertidumbre legal vigente. Por esto, el experto comparte algunas consideraciones previas a la implementación de un DLP:
- Clasificación de información. Las organizaciones deben clasificar su información. Esto implica usar inteligencia artificial para etiquetar los documentos según su confidencialidad (público, uso interno o confidencial), permitiendo así que el software aplique niveles de restricción diferenciados según la etiqueta del archivo.
- Costos y modelos de licenciamiento. Un DLP representa una inversión mayor comparada con un antivirus, pero es importante recordar que una no sustituye a la otra sino que son complementarias, y su costo varía si la implementación es en la nube o en servidores locales. El licenciamiento se basa en la cantidad de usuarios, estableciendo un mínimo de 20 licencias para contratar el servicio.
- La Ley no exige un DLP explícitamente. Aunque no está escrito, esta herramienta es fundamental para demostrar medidas técnicas y organizativas para prevenir fugas y accesos no autorizados. Además, proporciona trazabilidad fiel en caso de incidentes, lo que resulta esencial para investigaciones internas o posibles acciones legales ante un mal uso de la información.
- Gobernanza y responsabilidad. Dado que el software maneja información altamente sensible, la responsabilidad no debe recaer exclusivamente en el departamento TI, sino involucrar áreas como legal, recursos humanos y oficiales de cumplimiento de protección de datos, para garantizar la privacidad y el manejo adecuado de la información.
- Herramientas poderosas. Contar con plataformas que hayan evolucionado hacia una gestión de seguridad de datos inteligente que incluya el monitoreo de riesgos internos y auditoría forense. Una herramienta con estas cararcterísticas puede evaluar la eficiencia de los colaboradores al categorizar el uso de aplicaciones web y de escritorio, permitiendo definir qué actividades son laborales, neutras o negativas para el rendimiento, sin necesariamente monitorear el contenido específico de los documentos de trabajo.
“Si bien existe incertidumbre y falta de claridad entre las empresas, las cuales están buscando asesoría legal principalmente, la demanda por este tipo de soluciones demuestra que las organización están avanzando para cumplir con la nueva Ley”, sentencia Goujon.