• Por José Miguel Vergara, Subdirector Escuela de Administración y Negocios Duoc UC.

Los datos de la Encuesta Bicentenario UC 2026 revelan un síntoma profundo en la sociedad chilena: ante la pregunta por los factores que permiten progresar en la vida, un 45% se inclina por la necesidad de contar con garantías del Estado, como buena educación y trabajo, mientras solo un 29% ubica el motor del progreso en el esfuerzo personal, entendido como emprender, capacitarse y trabajar. A esto se suma que apenas un 32% considera que cualquier persona tiene una probabilidad alta de iniciar un negocio propio e independizarse en el contexto actual.

¿Significa esto que Chile ha perdido su vocación emprendedora? La evidencia demuestra lo contrario, pero expone una paradoja estructural. Según el Reporte GEM 2025 (UDD), Chile mantiene una de las tasas de emprendimiento en etapa inicial más altas del mundo, alcanzando un 29,4%. Sin embargo, la tasa de empresas establecidas que superan los 3,5 años de operación cae drásticamente al 7,1%, al tiempo que un 50,4% de la población adulta no emprende por miedo al fracaso. Esto no implica que la ciudadanía haya dejado de valorar el trabajo duro. Lo que ha cambiado es la percepción de su efectividad en un entorno que impone elevadas barreras a la movilidad social.

El problema central radica en las condiciones estructurales del ecosistema productivo en el que se desarrollan estos emprendimientos. Si bien en Chile existen cerca de dos millones de personas microemprendedoras (INE), una proporción importante enfrenta barreras que dificultan la consolidación y el crecimiento de sus negocios. Según el Observatorio CNC, el 54,2% opera en condiciones de informalidad, mientras que, de acuerdo con datos de Fundación Luksic, el 46% registra ventas mensuales inferiores al millón de pesos. 

A este escenario se suma una brecha significativa en materia de transformación digital ya que el 70% de las Mipymes presenta niveles muy básicos de madurez en este ámbito, según el Ministerio de Economía. Estas dificultades, junto con las limitaciones para integrarse a las cadenas de valor, configuran un entorno que restringe la productividad, la competitividad y las posibilidades de crecimiento de los nuevos negocios.

Para que el esfuerzo personal vuelva a traducirse en movilidad social real, se requiere articular garantías estatales con incentivos efectivos a la iniciativa privada, para proveer un «piso mínimo» compuesto por simplificación regulatoria, acceso a financiamiento y formalización expedita. Por su parte, la Educación Técnico-Profesional juega un rol clave al formar competencias prácticas en digitalización, gestión e Inteligencia Artificial.

El desafío de hoy es construir un entorno donde trabajar, capacitarse y emprender vuelva a ser una vía cierta, justa y sostenible de desarrollo.

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